Procedimiento administrativo sancionador y debido proceso. ¿se vulnera el principio de imparcialidad del órgano revisor en la fase impugnatoria de los procedimientos administrativos sancionadores tramitados en el tribunal de contrataciones del estado?

Abstract

El presente trabajo de suficiencia profesional tiene por objeto demostrar que en los procedimientos administrativos sancionadores tramitados ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, específicamente en la fase impugnatoria, se estaría vulnerando uno de los elementos integrantes del derecho al debido proceso, el cual es el principio de imparcialidad. El mencionado Tribunal tiene competencia para iniciar procedimientos administrativos sancionadores y determinar responsabilidad o no; según sea el caso, a los postores, participantes, proveedores del Estado y entidades que actúan como tales. En esa línea, el régimen de infracciones y sanciones en materia de contrataciones públicas está regulado en el artículo 50 de la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el D.L. 1341 y los artículos 219 al 232 del Reglamento de la citada Ley D.S. N° 350-2015-EF, actualizado por D.S. 056-2017-EF. Además, supletoriamente regulado por la Ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. Según el esquema exigido por nuestra facultad, en el “Capítulo I Planteamiento del Problema”, desarrollamos la propuesta de la investigación y su método, tales como: la formulación del problema, objetivos de la investigación, planteamiento de la hipótesis, delimitación e importancia de la investigación, así como la determinación de la viabilidad del estudio. “En el Capítulo II Marco Teórico”, contiene temas jurídicos vinculados directamente con nuestro tema de investigación: La potestad sancionadora administrativa, la descripción del trámite del P.A.S. en contrataciones públicas y el principio de imparcialidad. En al “Capítulo III Caso Práctico”, describimos nuestra investigación documental y con los datos obtenidos se procede a su análisis, discusión y síntesis de los resultados. Finalmente, después de haber elaborado el trabajo y realizado la investigación documental se establece las conclusiones y formula algunas propuestas para que el trámite del mencionado procedimiento administrativo, de alguna manera, esté en armonía con la doctrina y jurisprudencia Constitucional